Y’apo: Una comunidad víctima de la violencia y el abandono

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El viernes 13 de junio último, la Asociación de Comunidades Indígenas del Alto Canindeyú, integrante de la FAPI,  había organizado una  jornada  analizar el proceso del Sistema de Alerta Temprana, emprendida por la FAPI. Esta reunión se realizó en la Comunidad Indígena Y’apo. En la ocasión, hombres y mujeres indígenas habían expresado la terrible situación en la que viven y el gran daño que les ocasionó el último desalojo violento a la comunidad por parte del personal policial el pasado 20 de mayo, quienes atropellaron arguyendo el cumplimiento del mandamiento correspondiente librado por la jueza Silvia Cuevas, de dicha circunscripción a fines de mayo pasado.

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Ese día, los indígenas Ava Guaraní señalaron que ese atropello policial no solo destruyó los pocos pero sagrados bienes que tenían, como templo religioso, sus casas y otros materiales, sino que parte de su propia vida y cultura. Además, las mujeres expresaron, con lágrimas en los ojos, como les arrebataron y perforaron  hasta sus ollas, no le dejaron siquiera una cuchara, viviendo ahora de manera precaria, durmiendo sin un abrigo, sólo dándose calor a través de pequeñas fogatas.

Además de dejarles sin un solo bien material, la comunidad expresó la inseguridad y el miedo con el que sobreviven diariamente, ya que los personales de la empresa «Laguna S.A.» constantemente amenazan. Tal es así que ese viernes, dos días antes del segundo atropello que sufriría la comunidad en menos de un mes, ya se veían restos de bala en los alrededores del lugar donde residen los indígenas, que fueron fotografiados por miembros del equipo técnico de la FAPI.

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La FAPI se ha comprometido en difundir la situación y articular acciones para la vigencia de los derechos fundamentales de la comunidad Y’apo.

Además, instó a  a las instituciones públicas, en especial al INDI, la fiscalía y el ministerio del Interior a articular acciones para la defensa de los derechos indígenas y espera que las Naciones Unidas a través de sus órganos especializados de derechos humanos acompañen un proceso a fin de iniciar un diálogo para el efectivo respeto de los derechos indígenas.

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