Iniciativa de Tolerancia Cero publica comunicado sobre declaración de COVID-19

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Foto: FECONAU, Perú

El Comité Directivo de la Iniciativa de Tolerancia Cero (ZTI) por sus siglas en inglés, coalición internacional de la que forma parte la Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI) publicó un comunicado de solidaridad en el contexto COVID-19. A continuación, se publica el posicionamiento completo.

Los pueblos indígenas, afrodescendientes y las comunidades locales saben muy bien que están en peligro tanto por las violaciones de los derechos humanos como por las infecciones virales. Durante generaciones han aprendido a protegerse para sobrevivir y así convertirse en comunidades fuertes y resistentes. Los pueblos indígenas, afrodescendientes y las comunidades locales de todo el mundo ya han respondido a la pandemia utilizando sus propios mecanismos de protección como la medicina tradicional y el control territorial, y el aislamiento de sus aldeas o retirarse más hacia los bosques para evitar el contacto. Varios pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades locales han establecido sus propios centros de cuarentena a nivel de aldeas, donde los/as retornantes de las ciudades se someten a un proceso de cuarentena de 14 días con el apoyo de voluntarios de la aldea. Además, se vienen estableciendo comandos sanitarios comunales en algunas de las aldeas para las acciones de contingencia al avance del virus, lo cual implican acciones de coordinación con autoridades, comunicación con potenciales contagiados y contagiadas, así como el tratamiento de casos confirmados. Estas comunidades están asumiendo proactivamente el reto de satisfacer la necesidad crítica de información con comunicaciones de radio/podcast que difunden información relacionada al COVID-19 a sus comunidades, así como las medidas de precaución que éstas deben adoptar en los idiomas locales. Además, han mostrado una solidaridad fuerte y se han comprometido activamente en el apoyo de las solicitudes de ayuda de los hermanos y hermanas indígenas y afrodescendientes quienes lo necesitan.

Teniendo en cuenta que los pueblos indígenas, afrodescendientes y las comunidades locales corren un mayor riesgo de ser el blanco de los ataques, a medida que las medidas de inamovilidad social restringe la circulación de personas cuando los gobiernos introducen legislaciones nuevas que favorecen el extractivismo e invasiones a los territorios.

En respuesta a COVID-19, algunos países han introducido o aumentado la presencia de militares y policías en las zonas rurales, donde viven estas comunidades. Aquellas medidas pueden intensificar la violencia en sus territorios y aumentar las violaciones de los derechos humanos (DD. HH). La falta de acceso a la comunicación, a la justicia y la información aumenta aún más el riesgo de que se produzcan violaciones de los derechos humanos, y que estas violaciones puedan pasar desapercibidas por los mecanismos de vigilancia y protección y sin que nadie tenga que rendir cuentas. A medida que se cierra la circulación en más zonas, los gobiernos aumentan sus facultades mediante la promulgación de leyes de emergencia o la revisión de legislaciones y, en algunos países, despliegan fuerzas militares para aplicar las nuevas leyes, lo que a su vez ha restringido los movimientos de los defensores y las defensoras de los DD.HH., poniéndolos en mayor peligro. Las restricciones gubernamentales a la libertad de movimiento han hecho que los defensores y las defensoras de los DD. HH sean vulnerables ya que pueden ser fácilmente localizados. Además, debido a la restricción de la circulación, los defensores y las defensoras no pueden acceder al apoyo de emergencia y movilizar sus redes. Las autoridades siguen persiguiéndolos/as a ellos/as y se está haciendo todo lo posible por silenciar sus esfuerzos. Además, las empresas interesadas en explotar los recursos naturales de sus territorios tratan de convencerlos prestando ayuda de emergencia para que puedan acceder a sus recursos. En muchos casos, COVID-19 se ha extendido a las comunidades indígenas, afrodescendientes y locales gracias a la presencia de trabajadores contratados por las empresas madereras, petroleras y mineras.

Observando que los pueblos indígenas, afrodescendientes y las comunidades locales, quienes ya se encuentran marginados, carecen crónicamente de un acceso adecuado a los recursos y a la información sanitaria y suelen vivir en la extrema pobreza, lo que agrava aún más el riesgo para sus comunidades en tiempos de emergencia.

La historia ha demostrado que enfermedades como el COVID-19 puede sembrar el caos para los pueblos indígenas, afrodescendientes y las comunidades locales debido a diversos factores, desde la falta de acceso a la infraestructura hasta la falta de servicios gubernamentales básicos, incluyendo la vacunación. Ya se enfrentan a la marginación, a los altos índices de pobreza y a la falta de información y servicios sanitarios adecuados, donde se incluya la falta de información intercultural pertinente y suficiente en sus idiomas, lo que hace difícil que reciban la atención adecuada que necesitan para comprobar e identificar los casos de infección o para tratar a los/as quienes han sido infectados/as. Además, muchas comunidades suelen carecer de fuentes de agua limpia o suficiente, debido a la carencia de infraestructuras o a la sequía, lo que significa que una de las principales medidas para prevenir la propagación de la enfermedad – lavarse frecuentemente las manos con jabón- es una medida preventiva difícil de adoptar por muchas comunidades.

PEDIMOS A LAS EMPRESAS QUE HAGAN LO SIGUIENTE:

  • Suspender toda actividad que pueda afectar a las tierras, territorios y recursos de los pueblos indígenas, las comunidades locales y las comunidades afrodescendientes ya que son una amenaza para su salud.

  • Establecer canales para la denuncia de irregularidades y mecanismos de reparación eficaces, donde las personas afectadas puedan ponerse en contacto con la empresa.

  • Vigilar estrechamente sus cadenas de suministro y establecer medios de comunicación con los/las representantes de las comunidades si no es posible realizar comprobaciones de diligencia debida durante la pandemia, lo que incluye respetar las preferencias de las comunidades locales en cuanto a los métodos de comunicación e informarles de cualquier cambio que les afecte.

  • Utilizar las comunicaciones públicas y privadas para destacar que el papel de los defensores y las defensoras de los DD.HH. es más importante que nunca y que no se tolerarán cualquier represalia contra ellos/as.

  • No utilizar la pandemia como excusa para incidir al debilitamiento de las normas de consulta, así como el consentimiento libre, previo e informado y la comunicación.

HACEMOS UN LLAMADO A LOS ACTORES ESTATALES PARA:

  • Abordar inmediatamente los riesgos a una mayor expansión de COVID19 en las tierras y territorios indígenas y afrodescendientes y poner en marcha respuestas rápidas, interculturalmente pertinentes y coordinadas con las organizaciones locales para proporcionar ayuda, atención y pruebas médicas para las comunidades donde lo necesiten.

  • No aprovechar la oportunidad de la emergencia de COVID19 para militarizar territorios, reprimir a los/las defensores y aumentar la presión en zonas donde las comunidades ya han estado amenazadas por conflictos o actividades económicas depredadoras.

  • Utilizar las comunicaciones públicas y privadas para subrayar el papel de los defensores y las defensoras de los DD.HH. es más importante que nunca y que no se tolerarán cualquier represalia contra ellos/as.

  • Asignar y ejecutar recursos eficientemente para identificar el aumento de los riesgos relacionados con las represalias relacionadas a las inversiones, las operaciones y las cadenas de suministro, y adoptar medidas para prevenir y mitigar cualquier riesgo que se detecte, así como para apoyar a los/las defensores de los DD.HH. a nivel mundial.

  • Utilizar canales de comunicación seguros para asegurar que la información sobre el impacto ambiental o de los DD.HH. de los posibles proyectos empresariales llegue a los/las afectados/as, dándoles la oportunidad de participar en la toma de decisiones de manera segura en un contexto de emergencia sanitaria

  • Comprometer a poner los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, así como los derechos de la tierra y del medio ambiente, y a quienes los/las protegen, en el centro de cualquier respuesta a COVID-19. Cualquier respuesta deberá elaborarse en consulta con los pueblos indígenas, afrodescendientes, las comunidades locales y otros defensores y defensoras de los DD.HH. La respuesta deberá ser aplicada por los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, donde se respetará la diversidad cultural y las decisiones de basarse en la medicina y los sistemas de conocimientos tradicionales.

  • Incluir a los/as representantes de los pueblos indígenas, los afrodescendientes y las comunidades locales, los dirigentes y las instituciones consuetudinarias y garantizar el respeto de su consentimiento libre, previo e informado en la prevención, el desarrollo, la aplicación y la supervisión de las medidas para abordar la COVID-19.

  • Asegurar toda información en los anuncios y comunicaciones públicas relacionadas con COVID-19 es interculturalmente pertinente y se encuentra en los idiomas indígenas y locales.

  • Asegurar de que las comunidades tengan acceso al agua potable y a los servicios de saneamiento en las zonas remotas para evitar el riesgo de infección. Además de implementar debidamente los centros de salud locales con equipos, personal y medicamentos.

  • Asegurar que todas las restricciones y/o vigilancia introducidas para apoyar el esfuerzo de asistencia en respuesta a la pandemia de Covid-19 sean revocadas tan pronto como la pandemia pase. No priorizar la reactivación económica sobre la vida e integridad de los pueblos indígenas, afrodescendientes y las comunidades locales.

  • Garantizar el acceso a la justicia en tiempos de pandemia.

  • Asegurar estrategias de soberanía alimentaria durante y post pandemia.

HACEMOS UN LLAMADO A LOS ACTORES INVERSORES PARA:

  • Vigilar de cerca a las empresas quienes han usado fondos durante COVID-19 para asegurar que no se produzcan violaciones de los DD.HH. durante este tiempo donde se está prestando más atención a la pandemia.

  • Asegurar de que sus clientes cesen las actividades/operaciones, las cuales tienen el riesgo de llevar la enfermedad a las comunidades.

  • Establecer funciones para la denuncia y mecanismos de reparación, donde las personas afectadas puedan ponerse en contacto directamente con los inversores.

  • Utilizar las comunicaciones públicas y privadas para destacar que el papel de los defensores y las defensoras de los DD.HH. es más importante que nunca y que no se tolerarán represalias contra ellos/as.

  • Utilizar canales de comunicación seguros su comunicación con los defensores y las defensoras de los DD.HH., incluidos los pueblos indígenas, los/las afrodescendientes y las comunidades locales.

HACEMOS UN LLAMADO A LAS INSTITUCIONES NACIONALES DE DD.HH. PARA:

  • Desarrollar mecanismos para monitorear y reportar la impunidad corporativa y los abusos de los DD.HH.

  • Asegurar que los procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental y sus subsiguientes leyes sean revisados donde se incluyan los derechos humanos en sus evaluaciones, o los DD.HH. que puedan ser potencialmente afectados.

Organizar plataformas nacionales y diálogos entre inversores/corporaciones y pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y locales.

​Fuente: https://es.zerotoleranceinitiative.org/covid-19

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