Indígenas del Pueblo Enlhet Norte denuncian persecución por cazar palomas para alimentar a sus familias

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Osorio Losa, presidente de la Federación Regional Indígena del Chaco Central (FRICC) denunció la situación que están viviendo los miembros de su comunidad Yalve Sanga, del Pueblo Enlhet Norte, ubicada en Loma Plata, Boquerón, Chaco al tener que salir de caza de palomas ante la situación crítica de hambre que están pasando los miembros de su pueblo.

El miércoles 6 de mayo Ricardo Mendoza, de la Aldea Tarzo Amyic, complejo Yalve Sanga, Loma Plata, Boquerón, Chaco fue a cazar palomas para llevar comida a su familia, ya que desde el inicio de la cuarentena aún no recibieron los kits de alimentos. Antes de salir del lugar, la propiedad de un menonita, llegaron efectivos policiales y comenzaron a dispararle. Ricardo se salvó de las balas pero no de ser arrestado y llevado a la comisaría de Neuland durante tres horas. Le quitaron su escopeta y su moto, pertenencias que hasta hoy, viernes 8 de mayo, aún no le devolvieron, según denunció Losa. Ese mismo miércoles de noche, los policías le soltaron y le dejaron en la entrada de su comunidad, solo, y con la bolsa que contenía las palomas que había cazado.

Asimismo, ayer, jueves 7 de mayo por la tarde, Adolfo Brisen, de la Aldea Nazareth, en Yalve Sanga, fue a cazar palomas en la propiedad de un menonita de la zona y al salir, llegaron efectivos policiales. No lo detuvieron porque arribaron al lugar un poco antes los miembros de la guardia comunitaria para defenderlo.

“No todos los menonitas son así. Pero estamos pasando mucha discriminación. Nosotros nunca tuvimos problema, siempre nos tratamos como hermanos con los menonitas. Ellos primero trajeron la biblia, nosotros no éramos cristianos. Siempre hablan de amar al enemigo y ellos son los que fallan, nosotros nunca fallamos a ellos, trabajamos juntos”, explicó Osorio Losa, presidente de la FRICC.

Denunció que desde el día del hecho ocurrido a Ricardo Mendoza, hasta hoy, viernes, reiteradas veces pidió la copia de la denuncia policial pero no obtuvo respuesta. “Hasta ahora no tengo la copia de la denuncia policial, me dijeron que había otra oficina, llamé al director de tránsito y me dijo que no iba a estar. No se le encuentra”, dijo Losa.

El director de la radio 95.5 de Yalve Sanga, Fidel Losa, explicó que en este tiempo más que nunca necesitan alimentos, “por eso salimos a veces de cacería para llevar comida a nuestra familia, para nada más”, indicó.

Por su parte, Cándido Vinz, presidente de la Organización del Pueblo Enlhet Norte (OPEN), ante la situación que vivida por los hermanos de su pueblo, señaló que estas dos situaciones demuestran el abuso de autoridad.

Posicionamiento

Los líderes y lideresas de las organizaciones indígenas que conforman la Federación por la Autodeterminación de lo Pueblos Indígenas (FAPI) se solidarizaron con los hermanos indígenas integrantes de la FRICC, también miembros de la federación y recordaron a las autoridades, jueces, fiscales y policías que los Pueblos Indígenas tienen derecho a ejercer su economía tradicional, en sitios que son parte de su territorio ancestral, siendo que no están poniendo en peligro la propiedad privada. Solamente buscan comida, más aún considerando la situación alarmante vivida por las comunidades indígenas y la lentitud por parte del gobierno en la entrega de kits de alimentos. Insistieron en que al entrar a una propiedad privada para la caza en busca de alimentos no se está violando ninguna ley, solo se está haciendo uso de lo que garantiza el artículo 14 de la Ley 234, que aprueba el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, que señala:

“…En los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia…” (sic).

Desde la FAPI, los líderes y lideresas solicitaron a las autoridades competentes aplicar esta salvaguarda recogida en la Ley 234 y así consolidar el Estado Social de Derecho del Paraguay.


 

 

 

 

 

 

 

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