En el Día de los Defensores de los Derechos Humanos, organizaciones indígenas de Paraguay y Colombia presentan informe sobre el impacto del COVID en las comunidades

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La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Cxhab Wala Kiwe-ACIN), la Organización Indígena de Antioquia (OIA), la Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI) y Almáciga publicaron este miércoles 9 de diciembre, Día Internacional de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos, el informe «Impacto de la COVID-19 en los pueblos indígenas y los defensores y defensoras indígenas de derechos humanos de Colombia y Paraguay».

Clic aquí para descargar el informe completo sobre el Impacto del COVID-19 en los Pueblos Indígenas

En Paraguay, el informe fue presentado en una conferencia de prensa,  realizada en Asunción, con la participación de dirigentes de las 13 organizaciones de las dos regiones del país miembros de la FAPI. El contenido del informe fue socializado por Don Hipólito Acevei, presidente de la FAPI; Floris Yegros, lideresa de la organización FRICC, miembro de la FAPI; y César Centurión, coordinador de la red de comunicadores indígenas miembros de la FAPI.

El documento pretende, en primer lugar, dar cuenta de las afectaciones derivadas de la llegada y propagación de la enfermedad a los territorios indígenas -que han exacerbado las situaciones de vulnerabilidad, empobrecimiento, desigualdad, exclusión y discriminación que padecían los pueblos indígenas previamente-, así como de las acciones y medidas que las organizaciones y las comunidades han desarrollado para hacerles frente.

Las respuestas de los Estados ante el COVID han sido diversas, pero en general las medidas que han aplicado no han tenido en cuenta las realidades locales, ni han contado con la participación de los pueblos indígenas. En el ejercicio de su libre determinación y su autonomía, estos pueblos han puesto en marcha sus propias acciones de prevención y mitigación del virus, fundamentadas en sus formas de vida, sus culturas, sus modelos de organización, la conexión con sus tierras y los fuertes lazos comunitarios que mantienen.  Entre las más comunes se han contado el autoaislamiento y la restricción de las entradas y salidas de las comunidades; la aplicación de sus conocimientos y prácticas tradicionales, mediante el uso de la medicina tradicional y la celebración de rituales para restaurar la armonía y el equilibrio; el fortalecimiento de sus prácticas agrícolas, y el desarrollo de acciones solidarias de distribución de alimentos.

Las organizaciones indígenas han puesto en marcha en muchos casos sus propios sistemas de monitoreo para vigilar la propagación de la enfermedad y aportar datos para contribuir a la toma de decisiones y medidas oportunas. Además, han elaborado y difundido materiales en lenguas indígenas y distintos formatos con información sobre el virus y las formas de prevenirlo y mitigarlo.

Como ha señalado el Relator especial sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas, aquellos pueblos «que disfrutan de su derecho colectivo a la autonomía como parte de su derecho a la libre determinación (…); [los que] pueden confiar (…) en sus prácticas agrícolas sostenibles y la disponibilidad de alimentos en sus territorios y pueden adoptar decisiones a nivel comunitario» son los que han demostrado mayor resistencia y resiliencia ante la crisis.

Entre los pueblos indígenas de los dos países, la situación de vulnerabilidad es una constante, más grave si cabe debido a la falta de aplicación efectiva de los derechos que se les han reconocido. En el caso de Colombia, la presencia y el accionar en los territorios indígenas de grupos armados y organizaciones criminales multiplica los riesgos para la pervivencia y la armonía de las comunidades. El escenario se complica por la ausencia de implementación de los Acuerdos de Paz sellados en 2016 entre el gobierno y las FARC. En el de Paraguay, son los intereses privados y comerciales -favorecidos por una seguridad jurídica precaria– los que más claramente ponen en peligro las opciones de supervivencia de los pueblos indígenas del país.

El informe proporciona, además, datos sobre las afectaciones de los derechos humanos que se han producido en las áreas donde las organizaciones indígenas que lo han elaborado desarrollan su trabajo, que no han dejado de ocurrir ni siquiera durante los meses en que tanto el gobierno de Paraguay como el de Colombia decretaron aislamientos obligatorios de la población.

La violencia desatada en Colombia contra líderes y lideresas sociales y defensores y defensoras de derechos humanos es especialmente grave. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), desde el 1 de enero hasta el 5 de diciembre de 2020 han sido asesinados 281 líderes y defensores de derechos humanos, de los cuales 101 (un 36 %) eran indígenas (12 de ellos -un 12 %-, mujeres).[1]  Por su parte, el Programa Somos Defensores, a través de su Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia (SIADDHH), ha registrado durante el tercer trimestre de este año un total de 184 agresiones contra 182 personas defensoras -entre amenazas, atentados, asesinatos, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, judicializaciones y robo de información, y evidencia en su último informe un panorama sostenido de violencia, que ha recrudecido las condiciones de vulnerabilidad y desprotección para el ejercicio de la labor de los defensores y defensoras.

La situación en el norte del Cauca es, como señala la ACIN, de absoluta emergencia humanitaria. Las afectaciones de los derechos humanos se han incrementado en relación con los años anteriores. Entre el 1 de enero y el 30 de noviembre, la organización ha registrado un total de 220, sumando asesinatos, amenazas, atentados, seguimientos y persecuciones y combates y hostigamientos. Ese número no incluye los hechos ocurridos en el último fin de semana: la masacre perpetrada en Gualanday, en la que fueron asesinadas 5 personas y otra resultó herida, y la circulación de un panfleto, supuestamente firmado por las FARC-EP, en el que se anuncian acciones en contra de varios líderes y lideresas indígenas y contra la ACIN en general. El liderazgo indígena y las personas defensoras de derechos humanos, entre las que se incluyen los y las kiwe thegnas (cuidadores/as del territorio), se cuentan entre los grupos más amenazados y azotados por la violencia.

En el Atrato Medio antioqueño, las comunidades embera eyábida y embera dóbida sufren las consecuencias del tránsito de los actores armados por sus territorios. Durante estos meses numerosas familias indígenas se han visto obligadas a confinarse para protegerse del fuego cruzado. Las minas antipersona sembradas por todas partes han causado víctimas entre los comuneros y comuneras.

En Paraguay, la pandemia no ha frenado los procesos de desalojo a comunidades indígenas de sus tierras ancestrales, ni las presiones judiciales a aquellas que luchan por defender su derecho a la tierra y el territorio. El acceso y el aseguramiento de sus tierras sigue siendo la preocupación principal de las comunidades y pueblos indígenas del país, desamparados frente a invasiones, atropellos, desplazamientos, hostigamientos y persecuciones. Las comunidades, amenazadas por una inseguridad alimentaria que se ha agudizado durante la cuarentena, han visto durante este tiempo vulnerados sus derechos a practicar sus economías tradicionales, o a vivir en un medio ambiente sano.

El informe fue elaborado en el marco del proyecto «Fortalecimiento de las capacidades de organizaciones indígenas de Colombia y Paraguay para la defensa y protección de los derechos colectivos de los pueblos que representan, en especial los derechos sobre sus tierras, territorios y medio ambiente», cofinanciado por la Unión Europea.

[1] Datos extraídos de http://www.indepaz.org.co/lideres/ (05/12/2020).

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