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SEAM autorizó desmonte en tierra donde habitan los Totobiegosode

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Miembros del grupo ayoreo-totobiegosode en Paraguay el día de su primer contacto en 2004. Foto: GAT/Survival.

El diario local ABC color publica este lunes 31 de marzo en su portada la alarmante situación que atraviesan los indígenas no contactados del Pueblo Ayoreo Totobiegosode, más aún teniendo en cuenta la autorización de  la ministra de la Secretaría del Ambiente, Cristina Morales, para que la firma brasileña Yaguareté Porá desmonte 78.549 de tierras habitadas por los indígenas.

A continuación, la nota completa:

«La ministra del Ambiente firmó la licencia ambiental que autoriza a la firma brasileña Yaguareté Porã a desmontar 78.549 hectáreas en Puerto Casado, departamento de Alto Paraguay.

Allí viven los últimos remanentes de indígenas silvícolas, de la tribu Ayoreo totobiegosode.

La licencia ambiental que tenía la firma Yaguareté Porã (332 del 2007) había sido cancelada en el 2008 (Resol. N° 2533). Sin embargo, la ministra María Cristina Morales resolvió dejar sin efecto la resolución que cancelaba y renovó la licencia ambiental.

La licencia fue otorgada el 30 de octubre del año pasado, y la firmó la ministra Morales, cuando que las licencias las firman los directores generales de Control de Calidad del Ambiente y de Recursos Naturales.

Una fuente de la Secretaría del Ambiente (Seam), identificada en nuestra redacción y por obvias razones se la mantiene en el anonimato, sostuvo que la ministra Morales habría recibido orden del propio presidente Horacio Cartes para dar vía libre a la explotación ganadera en tierras habitadas por los silvícolas ayoreos.

Aparentemente, el director de Control de Calidad Ambiental, responsable de la firma de las licencias ambientales, se había negado a rubricar esta autorización.

El documento nunca fue dado a conocer públicamente. Ni siquiera se encuentra en la dirección de otorgamiento de licencias ambientales.

Una copia se encuentra en nuestra redacción, con firma y sello de la ministra Morales, en la cual se lee que se dejó sin efecto la cancelación anterior y, a la vez, se otorga la renovación de la licencia para que Yaguareté Porã realice las transformaciones de áreas boscosas en zona productiva para la ganadería.

LITIGIO DE AÑOS

La ministra Morales ignoró la sentencia judicial de no innovar que pesa sobre el terreno en cuestión, en un litigio judicial iniciado en la década del 90. Existen medidas cautelares que prohíben la tala de árboles y aperturas de picadas. Incluso, en el 2009, la Contraloría General de la República presentó una denuncia penal ante la Fiscalía, para que aplique sanciones sobre hechos punibles contra el ambiente.

El terreno en cuestión corresponde a la finca 13.122, reclamada por los ayoreos totobiegosode y que son tierras declaradas por la Unescocomo patrimonio de los citados nativos que poco o nada de contacto tienen con otras comunidades.

YAGUARETÉ PORÃ

Yaguareté Porã SA es una empresa con sede en Paraguay, pero de capital brasilero. Marcelo Bastos Ferraz figura como director propietario. Está asociado con la empresa VLW SA, de Mato Grosso, Brasil.

Realiza el desmonte en 4.500 hectáreas de las 78.549 hectáreas, donde desarrolla la actividad ganadera bajo el concepto de “ecología productiva”, propiciando el mejoramiento socioeconómico de la región chaqueña, según el informe que la empresa dio al Pacto Global de las Naciones Unidas, del cual forma parte.

Promete dejar 27.508 hectáreas para reserva natural.

La organización Survival International, con sede en Londres y que defiende los derechos de los pueblos indígenas y los pueblos no contactados, pidió a Pacto Global de las NN.UU. que separe del grupo a Yaguareté Porã, por atentar contra el patrimonio de los ayoreos, y realizó una denuncia internacional contra la situación.

INTERPELACIÓN, MAÑANA

Entre los puntos que deberá responder mañana la ministra Morales, durante su interpelación por la Cámara de Senadores, aparece justamente este tema del porqué no llamó a audiencia pública para dar la licencia a Yaguareté Porã, como exige la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental».

 

 

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