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Así se concretará la medida de reparación principal de la sentencia internacional más antigua que Paraguay tiene por restitución de tierras ancestrales

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Entre el 27 y 30 de noviembre pasados una comitiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) visitó Paraguay para verificar en terreno el cumplimiento de tres sentencias internacionales sobre restitución de tierras ancestrales.
La misma estuvo encabezada por Patricio Pazmiño, uno de los siete jueces del órgano de justicia, que viajó más de 300 kilómetros al Norte de la capital para compenetrarse con la realidad de las comunidades indígenas del Chaco paraguayo Yakye Axa, Sawhoyamaxa (pueblo enxet) y Xákmok Kásek (pueblo sanapana), beneficiadas con fallos en 2005, 2006 y 2010 respectivamente.
En los tres casos, la Corte IDH había declarado la responsabilidad de Paraguay de no haber garantizado el derecho de propiedad ancestral de estas comunidades y una serie de derechos derivados. Y le obligó a restituir sus territorios ancestrales y otra serie de medidas encaminadas a la afirmación de derechos de las familias.
Varios años después de las sentencias, de un total de 36 medidas de reparación a favor de las tres comunidades indígenas, hasta hoy el Estado paraguayo cumplió solamente 3 en forma total, de acuerdo a la última resolución de la Corte IDH de agosto último.
Tras la visita de la semana pasada la Corte IDH emplazó a Paraguay hasta el 15 de enero para que presente un informe actualizado del nivel de cumplimiento de las sentencias.
Yakye Axa es la más afectada por esta dilación, porque a pesar de que el Estado le devolvió 12.312 hectáreas en 2012, nunca las 76 familias que la componen pudieron llegar hasta el lugar por falta de acceso, retrasándose así el cumplimiento de la principal obligación de la sentencia.
Las familias siguen en la misma realidad de vulneración en que estaban antes de haber ganado el fallo internacional: desplazadas de sus tierras y viviendo al borde de la ruta Pozo Colorado-Concepción a la altura del kilómetro 350, en condiciones de insalubridad, peligros viales, falta de infraestructura y agua potable, sin posibilidades de realizar sus prácticas tradicionales alimentarias, económicas y espirituales.
Hace tres años las partes (Estado, comunidad y representantes legales) avanzaron en la decisión de construir un camino de 35 kilómetros que conecte la ruta con las tierras de Yakye Axa.
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) trazó el camino y lo inició en su primera etapa  (unos 12 kilómetros), pero se frenó ante la oposición de dos estancias privadas que se verían afectadas por el paso del camino. Desde entonces el Estado no inició ningún trámite para sortear este obstáculo.
Durante la visita de la Corte IDH la semana pasada la ministra de la Corte Suprema, Alicia Pucheta, comprometió a la justicia paraguaya a gestionar una servidumbre de paso ante las estancias, una figura judicial que obliga a ceder terreno privado para camino público, lo que permitiría continuar con las obras.
La construcción de este camino, además, terminará con el aislamiento que sufren otras tres comunidades de la zona, Colonia 96, Buena Vista y Kelyenmagategma, que en años anteriores costó la vida a varios de sus miembros por no poder llegar a centros de salud ni poder ser rescatados.
Junto con la construcción de este camino para Yakye Axa, las demás medidas urgentes que debe cumplir el Estado en las tres sentencias son la titulación de las tierras restituidas, de forma a asegurarlas; el desembolso de presupuesto estatal para la ejecución de proyectos de desarrollo comunitario para la atención de todos los derechos; y asistencia médica permanente, que incluya un protocolo de atención para casos de emergencia, asistencia a través de unidades móviles  y programas de atención preventiva de la salud.
Todas estas medidas fueron establecidas en las sentencias y el Estado paraguayo tiene la obligación jurídica internacional de cumplirlas.
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